Veinticinco estados de Estados Unidos presentaron este lunes una demanda contra el presidente Donald Trump y su Administración por los nuevos aranceles globales, de entre el 10% y el 12,5%, aplicados a las importaciones procedentes de la mayoría de sus socios comerciales. Los demandantes sostienen que las medidas son tan ilegales como otras que habían sido declaradas inconstitucionales previamente por el Tribunal Supremo.
La acción fue impulsada por Oregón, Arizona y California, y recibió la adhesión de otros 22 estados, todos gobernados por dirigentes demócratas. En el escrito, los estados cuestionan el alcance de los gravámenes y afirman que contradicen los objetivos que la propia Administración dice perseguir. “Los aranceles impuestos por el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) son tan amplios que contradicen sus propios objetivos declarados y ridiculizan la ley utilizada para justificarlos”, sostiene la demanda.
La nueva ronda de aranceles fue decretada a finales de julio, pocas horas antes de que venciera otro gravamen global temporal del 10%. La Administración Trump fundamentó la decisión en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer medidas contra prácticas comerciales desleales consideradas restrictivas para el comercio estadounidense. Como respaldo, citó una investigación propia de varios meses sobre presuntas prácticas de trabajo forzoso en el extranjero.
Los estados demandantes aclararon que rechazan el trabajo forzoso, pero cuestionaron que esa problemática sea utilizada para justificar la política arancelaria. “Los estados demandantes se oponen al trabajo forzoso en todas sus formas y apoyan la protección de los trabajadores en todo el mundo. Pero la Administración no puede usar el trabajo forzoso como pretexto para continuar con su plan arancelario ilegal”, señalaron en la presentación.
