El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia autorizó a los acreedores del denominado caso Antin a avanzar con el embargo y la ejecución de activos del Reino de España en ese país. La resolución también permite registrar la sentencia en otros distritos judiciales estadounidenses, en el marco del reclamo originado por el recorte retroactivo de los incentivos a las energías renovables.
La decisión fue firmada el 10 de agosto por la jueza Loren L. AliKhan, quien rechazó el pedido de España para suspender la ejecución de la sentencia. El fallo reconoce a los inversores más de 156,6 millones de dólares —unos 136 millones de euros—, además de los intereses por demora, y habilita a los demandantes a identificar e incautar activos soberanos susceptibles de embargo para satisfacer la deuda.
El caso comenzó con las inversiones de Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar en proyectos solares desarrollados en España bajo el esquema de incentivos aprobado por el Estado. Luego de los cambios regulatorios, los inversores recurrieron al arbitraje internacional y denunciaron una violación del Tratado de la Carta de la Energía.
En 2018, un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) falló a favor de los demandantes. Posteriormente, fijó una indemnización de 101 millones de euros, a la que se sumaron los intereses y las costas correspondientes. La nueva resolución representa un revés para la estrategia del Gobierno español, que buscaba evitar el pago de los laudos internacionales derivados de las modificaciones aplicadas al régimen de apoyo a las energías renovables.
