Durante una intervención ante diputados de la Duma Estatal reunidos en el Kremlin, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que los adversarios de Moscú, al no poder derrotar a Rusia en el campo de batalla, habían recurrido a métodos terroristas contra la población y las infraestructuras ubicadas en la retaguardia del país. Según sostuvo, esas acciones cuentan con el respaldo de varios Estados europeos.
Las declaraciones se produjeron después de más de cuatro años de guerra con Ucrania, mientras en Rusia se profundiza la persecución contra opositores, periodistas y artistas. El 24 de febrero de 2022, Moscú inició una invasión a gran escala contra Ucrania, un país soberano, y desde entonces distintas ciudades fueron reducidas a escombros.
Informes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos documentaron ataques contra infraestructura civil, incluidos hospitales, escuelas, centrales eléctricas y edificios residenciales. Además, los bombardeos masivos con misiles y drones contra la red energética ucraniana durante los inviernos de 2022 y 2023 dejaron a millones de civiles sin electricidad, agua ni calefacción.
En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Putin y contra Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para los Derechos del Niño. La medida se basó en presuntos crímenes de guerra vinculados con el traslado y la deportación ilegales de niños ucranianos hacia Rusia.
