La Fiscalía ha decidido no avanzar en la investigación contra la magistrada encargada del caso relacionado con la dana que afectó a la Comunidad Valenciana el 29 de octubre de 2024. En un informe enviado al Tribunal Superior de Justicia, se concluyó que no existen pruebas suficientes para considerar que se hayan cometido delitos en las acciones de la jueza o su esposo, quien también es magistrado.
La decisión se produce tras la presentación de una querella por parte de un abogado que representaba a varias personas afectadas por la catástrofe. En la denuncia, se mencionaban supuestas irregularidades en la gestión judicial, incluyendo la posible implicación del esposo de la jueza en la toma de declaraciones a testigos durante la investigación de la crisis provocada por la dana.
El fiscal evaluó la naturaleza de las acusaciones, que incluían delitos como coacciones y prevaricación, y determinó que los hechos no cumplían con los criterios legales para ser considerados delictivos. Como resultado, se solicitó el archivo de la querella al no hallarse elementos que corroboren las imputaciones realizadas, concluyendo que la investigación preliminar no reveló indicios claros de responsabilidad penal en la conducta de ambos funcionarios judiciales.
