La Fiscalía de Bolivia solicitó este viernes seis meses de prisión preventiva para el fiscal general, Roger Mariaca, y los magistrados Alberto Zeballos y Martín Irusta, detenidos esta semana en una causa por presunto narcotráfico. El Ministerio Público también imputó formalmente al agente de Policía Rubén Aparicio.
Los cuatro acusados están señalados por los presuntos delitos de tráfico de drogas y organización criminal. La Fiscalía pidió que permanezcan bajo custodia en las cárceles de San Pedro y Patacamaya, ubicadas en La Paz, mientras avanza la investigación.
El pedido fue anunciado por el viceministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, durante una sesión del Parlamento. Las autoridades detuvieron a los cuatro imputados y a otras diez personas en el marco de la misma causa.
En paralelo, el fiscal del departamento de La Paz, Luis Carlos Torrez, presentó este viernes su renuncia, luego de que la Policía registrara las oficinas de la Fiscalía, que permanecen acordonadas.
El caso se produce mientras Estados Unidos mantiene bajo escrutinio a Mariaca y a otros funcionarios y exfuncionarios bolivianos. El Departamento de Estado les prohibió el ingreso al país y les impuso sanciones. En el caso del fiscal general, sostuvo que abusó de su cargo para solicitar y aceptar sobornos destinados a facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la Justicia.
