La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha recibido nuevas evidencias que involucran al recientemente electo senador David Racero, representante del Pacto Histórico para el período 2026-2030. Las pruebas apuntan a posibles irregularidades en la administración de fondos públicos, así como a declaraciones engañosas en procedimientos judiciales.

Documentos y mensajes sugieren que miembros de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) habrían llevado a cabo actividades fuera de sus atribuciones legales en beneficio privado del senador y su familia. Asimismo, se han revelado comunicaciones que cuestionan testimonios previos, lo que podría complicar aún más la situación del político.

Una carta dirigida al juez César Augusto Reyes, divulgada el lunes 16 de marzo, indica que un conocido de Racero ha solicitado una audiencia para presentar su versión de los hechos. El declarante asegura poseer un conjunto de mensajes de WhatsApp, grabaciones de voz y otros testimonios que podrían ser cruciales para la investigación. Los documentos en poder de la Corte también sugieren que el colaborador de Racero no solo actuaba como su chofer habitual, sino que también estaba involucrado en un negocio familiar mientras recibía un salario del Estado.

La Corte Suprema está actualmente evaluando la seriedad de las evidencias, las cuales podrían llevar a una acusación formal por concusión, que implica el cobro indebido de fondos públicos. Simultáneamente, Racero enfrenta un proceso en el Consejo de Estado por “pérdida de investidura”, lo que añade más tensión a su situación legal.