La Corte Constitucional ha dado luz verde, con ciertas modificaciones, a un proyecto de ley que exige a los congresistas rendir cuentas al finalizar cada legislatura. Esta decisión se encuentra en la sentencia C-028 de 2026, elaborada por el juez Vladimir Fernández, quien destacó que la mayoría de la norma fue respaldada, aunque se declararon inconstitucionales algunos artículos relacionados con financiamiento y acceso a medios de comunicación.

Entre los cambios más significativos, se eliminó el acceso "libre y gratuito" de los legisladores a medios públicos y comunitarios para la difusión de sus informes. La Corte argumentó que esta disposición no se ajusta al principio de necesidad. Asimismo, fue anulada la obligación de los parlamentarios de garantizar recursos para espacios de diálogo público, lo que representa un ajuste importante en la implementación de la ley.

El proyecto, conocido como Ley Estatutaria 157 de 2023 en la Cámara y 273 de 2024 en el Senado, tiene como objetivo fortalecer la rendición de cuentas como un pilar fundamental de la democracia participativa. Establece que cada congresista debe presentar un informe digital en un plazo de diez días hábiles tras el cierre de la legislatura, el cual debe ser accesible y claro. Además, se debe convocar a un espacio de diálogo público en un máximo de 30 días para que los legisladores expliquen sus informes y respondan a las inquietudes de la ciudadanía. Con las modificaciones realizadas, el texto deberá regresar al Congreso para su adecuación antes de ser enviado al presidente para su aprobación final.