La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) otorgó a Adif un plazo de tres meses para que informe sobre las medidas adoptadas o previstas con el objetivo de liberar capacidad en las vías de apartado de las terminales de mercancías. La decisión figura en una resolución del regulador fechada el 20 de julio.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada el 28 de enero por la empresa privada Low Cost Rail (LCR). La compañía había advertido sobre presuntas prácticas discriminatorias y falta de transparencia por parte del gestor público de la infraestructura, luego de la cancelación de varias operaciones de maniobras programadas en la terminal Córdoba Mercancías.
Durante la instrucción del procedimiento, la CNMC acreditó tres denegaciones de capacidad para maniobras solicitadas por LCR en esa terminal andaluza. Aunque las operaciones finalmente pudieron realizarse, los inconvenientes provocaron retrasos significativos y la pérdida de surcos ferroviarios, además de costos adicionales para la empresa en material rodante y personal.
El organismo regulador descartó que Adif hubiera aplicado un trato explícitamente discriminatorio contra LCR. Sin embargo, señaló que no se ajusta al marco regulatorio que material no vinculado al ciclo productivo o en desuso mantenga ocupadas hasta siete vías en la terminal de Córdoba. Según la resolución, esa situación limita y demora la circulación de trenes que sí cuentan con un surco asignado.
La CNMC ordenó a Adif comunicar las medidas implementadas o previstas para resolver la falta de capacidad detectada en las vías de apartado de las terminales de mercancías, con especial atención a las circunstancias analizadas en Córdoba Mercancías.
