Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales expresaron este sábado su “honda preocupación” por la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente el derecho a voto de las personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la disposición de la Ley de Memoria Democrática conocida como “ley de nietos”. Ambas entidades consideraron que la medida resulta desproporcionada porque afecta un derecho fundamental.
En un comunicado conjunto, las asociaciones manifestaron su respeto por el alto tribunal, aunque respaldaron los argumentos planteados por la magistrada María Alicia Millán Herrandis en el voto particular con el que discrepó de la resolución adoptada por los demás integrantes de la sala.
Las organizaciones sostuvieron que las medidas cautelares, solicitadas por Vox e Iustitia Europa, extienden sus efectos electorales a la instrucción dictada en 2022 por el Ministerio de Justicia para desarrollar la “ley de nietos”. Según señalaron, ese documento no fue impugnado “directa ni indirectamente” en el procedimiento analizado por el Supremo.
Además, denunciaron que la resolución judicial priva del derecho constitucional de sufragio a personas que “son españolas en virtud de actos firmes, dictados por los órganos competentes con arreglo a la normativa vigente”. También cuestionaron que la decisión alcance a ese colectivo sin que sus integrantes hayan sido parte del proceso y sin que se haya realizado un examen individualizado de cada situación.
