Asociaciones de jueces y magistrados advirtieron que las solicitudes de asilo deben ser examinadas de manera individual y que el ingreso irregular a España no justifica rechazos generalizados ni elimina el derecho a pedir protección internacional. La postura fue expresada tanto por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en el sector, como por el Foro Judicial Independiente (FJI), en el marco de la crisis migratoria de Ceuta.
El planteo surgió dos semanas después de la entrada masiva en Ceuta de 80.000 personas procedentes de Marruecos, ocurrida entre el 30 y el 31 de julio. En ese episodio, 83 personas perdieron la vida. Las entidades judiciales remarcaron que cada pedido debe ser evaluado de forma particular, sin que la llegada irregular determine por sí sola la respuesta de las autoridades.
En ese contexto, el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, había solicitado al Gobierno central que desestimara las peticiones de asilo presentadas por los migrantes. “Retorno a Marruecos. Ninguna regularización, ningún asilo. Ese mensaje debe quedar absolutamente claro”, afirmó.
Vivas sostuvo que esa decisión constituye “una condición necesaria” para “el presente y para el futuro de Ceuta” y consideró que también permitiría “desactivar” el uso de la “presión migratoria” como “arma” para “desestabilizar”. La propuesta recibió además el respaldo público de la dirección nacional del Partido Popular (PP).
