Juan Carlos Granados, quien ejerce como vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, ha iniciado una investigación disciplinaria contra tres jueces del Tribunal Superior de Bogotá. Los magistrados en cuestión, Miguel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo Pinto, son objeto de indagación por haber absuelto al expresidente Álvaro Uribe en un caso relacionado con el soborno a testigos, una decisión que ha generado controversia en el ámbito jurídico.
La medida, adoptada el 9 de febrero, se enmarca en un contexto en el que Granados aún no ha resolvido su propia situación legal. En 2018, la Fiscalía General de la Nación lo imputó por su presunta implicación en el escándalo de Odebrecht, donde se le acusa de intentar favorecer a la constructora en la adjudicación de un contrato en Boyacá. Este caso, que originalmente estaba en manos de la Corte Suprema, fue trasladado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes tras su elección como magistrado, lo que ha generado demoras en su resolución.
La investigación que enfrenta Granados se centra en un presunto acuerdo para recibir un beneficio económico a cambio de favorecer a Odebrecht, donde se menciona que podría haber recibido entre el 3% y el 5% del valor total de un contrato que ascendía a cifras millonarias. A pesar de los desafíos que enfrenta, se estima que podría asumir la presidencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en 2027, aunque su situación judicial sigue sin clarificarse.
