En medio de un intenso debate sobre la creciente incidencia del crimen organizado en Perú, el presidente interino José María Balcázar ha generado polémica por su posición en varias leyes consideradas "procrimen" por especialistas y organismos internacionales. Un análisis reciente revela que Balcázar apoyó cinco de las ocho normativas en cuestión, se opuso a una y se ausentó en dos oportunidades debido a licencias.

La relevancia de estos votos cobra fuerza tras su asunción como líder del país en un contexto de desconfianza generalizada hacia el Congreso. Entre las leyes que contaron con el respaldo del mandatario, se destaca una modificación a la Ley contra el Crimen Organizado, que establece criterios más restrictivos para clasificar a las organizaciones criminales, dejando fuera a muchas bandas dedicadas a delitos como la extorsión.

Además, Balcázar apoyó la conocida como "Ley Soto", que limita la suspensión de la prescripción en casos de corrupción y lavado de activos, lo que ha sido criticado por expertos como un intento de promover la impunidad. Su voto en favor de estas leyes ha suscitado cuestionamientos sobre su compromiso con la lucha contra el crimen y la justicia en el país.