La deportación y el exterminio de la población armenia cristiana del Imperio Otomano constituyen uno de los episodios más trágicos del siglo XX. Entre 1915 y 1923, más de 600.000 armenios fueron obligados a marchar por el desierto y se estima que 1,5 millones murieron. Turquía, como sucesora del antiguo imperio, niega que se haya tratado de un genocidio y sostiene que las muertes ocurrieron en el marco de enfrentamientos interétnicos, enfermedades y hambrunas durante la Primera Guerra Mundial.
Durante décadas, Israel evitó reconocer formalmente el exterminio armenio para preservar sus vínculos con Turquía, considerada una aliada estratégica en la región. Sin embargo, la relación entre ambos países se deterioró de manera drástica tras el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por los ataques de Hamas de 2023. En ese contexto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de ser un “dictador antisemita que comete genocidio contra los kurdos” y Turquía profundizó su alineamiento diplomático con Hamas.
Frente a este nuevo escenario, el gobierno israelí decidió revisar su postura sobre el genocidio armenio y la responsabilidad histórica de Turquía en aquellas matanzas. El gabinete aprobó por unanimidad una iniciativa impulsada por el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Sa’ar, que fue presentada como una respuesta a un “deber moral e histórico”. El genocidio armenio continúa siendo objeto de una política de negación y minimización por parte de Turquía, según la fundamentación de la propuesta israelí.
