Las autoridades iraníes ejecutaron este martes por la mañana a Abolfazl Sepahi Bayani y Amirhosein Safari Houshiabadi, condenados a muerte por ahorcamiento por hechos vinculados con las protestas antigubernamentales que se desarrollaron entre fines de diciembre y comienzos de febrero. La ejecución tuvo lugar después de que la Justicia de la República Islámica los declarara culpables de un crimen cometido en la ciudad de Isfahán, en el centro del país.
A los dos hombres se les atribuyó el asesinato de dos agentes de la Policía durante las manifestaciones. Las autoridades calificaron el hecho como un “atroz crimen” y aplicaron la pena capital, en un proceso relacionado con una ola de protestas que tuvo entre sus principales causas el reclamo por la crisis económica y el deterioro de la calidad de vida.
Según las cifras difundidas por la cúpula del poder iraní, aquellas movilizaciones dejaron 3.117 muertos, en su mayoría civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, Human Rights Activist in Iran, una organización con sede en Estados Unidos, estimó que el número total de fallecidos superó los 7.000. La diferencia entre ambos balances refleja la disputa en torno a la magnitud de la represión y de las víctimas registradas durante las protestas.
