Las autoridades iraníes han condenado a muerte a al menos 30 manifestantes arrestados en el contexto de las protestas masivas que tuvieron lugar en enero de 2026. La organización Amnistía Internacional instó a la comunidad internacional a ejercer presión sobre el régimen para que se detengan los juicios y las sentencias de muerte, que también afectan a menores de edad.

Entre los condenados se encuentran ocho personas que recibieron la pena capital poco después de ser detenidas. Estos juicios han sido criticados por la falta de garantías procesales y por el uso de confesiones obtenidas bajo tortura, según denunciaron los defensores de los derechos humanos. Un caso emblemático es el de Saleh Mohammadi, un joven de 18 años, quien fue arrestado en relación con la muerte de un agente de seguridad durante las protestas y se retractó de sus declaraciones en el tribunal, alegando que fueron obtenidas bajo coerción.

Amnistía Internacional ha documentado casos adicionales que muestran la rapidez de los juicios y la juventud de los acusados. Algunos, como Ehsan Hosseinipour Hesarloo y otros dos adolescentes, enfrentan cargos por su supuesta participación en un incendio que causó muertes, a pesar de que existen testimonios que indican que fueron detenidos antes del incidente y sometidos a maltratos. La organización advierte que el número de personas en riesgo de ejecución podría ser mayor, ya que las familias enfrentan intimidaciones para no informar sobre la situación de sus seres queridos detenidos.