El Ministerio Público ha puesto en marcha una serie de acciones urgentes en la región de Cusco para esclarecer las causas y responsabilidades de la fuga de gas que, junto a una deflagración, ocurrió en una estación de válvulas del yacimiento de Camisea. Este evento ha tenido un impacto significativo en el suministro de gas natural a nivel nacional, lo que llevó a declarar una emergencia en el abastecimiento del recurso.

Las investigaciones iniciales fueron lideradas por el fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna, experto en temas ambientales, quien se trasladó al kilómetro 43 del eje energético en Megantoni durante las primeras horas de la mañana. El fiscal inspeccionó el estado del ducto afectado y coordinó evaluaciones para medir la calidad del aire y analizar posibles repercusiones sobre la flora, fauna y suelos de la zona.

Debido a este incidente, se ha suspendido la inyección de gas y el transporte de líquidos desde Camisea, lo que ha reducido la capacidad de operación a 70 millones de pies cúbicos diarios, provocando un racionamiento inmediato del suministro tanto para uso doméstico como para exportación. El equipo de la Fiscalía Provincial, junto con especialistas ambientales, se centró en la recolección de pruebas y testimonios de los habitantes del área para determinar la magnitud de los daños y las posibles negligencias en el mantenimiento de la infraestructura de la Transportadora de Gas del Perú (TGP).