La Contraloría General de la República ha publicado un informe que detalla las falencias logísticas que afectaron la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, evidenciando que la problemática no se limitó al día de la votación. La investigación expone una serie de decisiones tomadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que comprometieron la adecuada distribución de materiales electorales y equipos tecnológicos en Lima Metropolitana y Callao. A través del Informe de Control Específico N.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, se pone de manifiesto cómo la falta de planificación previa llevó a una serie de complicaciones que afectaron el normal desarrollo del proceso electoral.

De acuerdo al documento, los funcionarios de la ONPE solicitaron el traslado de equipos informáticos para una capacitación el 5 de abril, sin asegurarse de que estos retornaran a tiempo para su uso en el despliegue electoral del 12 de abril. Esta decisión, tomada a sabiendas de que el cronograma ya exigía la disponibilidad de dichos equipos para la fase final del proceso, resultó en la necesidad de reprogramar rutas y horarios en los días previos a la elección. La falta de previsión en la gestión de estos recursos evidenció una grave descoordinación que terminó impactando en la confianza del electorado y en la eficacia del proceso electoral.

El informe destaca que los equipos informáticos eran esenciales para la preparación y configuración de los locales de votación. Sin embargo, al ser asignados a actividades de capacitación, su retorno se tornó problemático, obligando a la ONPE a realizar ajustes logísticos en un momento crítico. La situación se volvió más complicada a medida que se acercaba la fecha de la votación, dejando poco margen para corregir las demoras sin afectar la entrega de materiales necesarios para el sufragio.

Un punto culminante de la crisis se produjo el 11 de abril, cuando la ONPE aprobó la reprogramación de 43 rutas relacionadas con 553 locales de votación y 8.261 mesas de sufragio. Esta decisión, tomada a última hora, dejó a la institución en una situación precaria, ya que la estimación de tiempo para cada ruta era de entre tres horas y media y cuatro horas, a pesar de que el traslado requería al menos ocho horas para llevarse a cabo de manera efectiva. La falta de tiempo resultó en una distribución apremiante, incluso durante la madrugada del día de la elección, lo que complicó aún más el proceso electoral.

La Contraloría señala que los funcionarios involucrados estaban plenamente conscientes de los plazos establecidos para el proceso electoral. Sin embargo, la decisión de permitir el uso de los equipos para capacitación, sin garantizar su retorno oportuno, demuestra una falta de responsabilidad en la gestión logística. Este tipo de errores no solo afecta a la administración de la ONPE, sino que repercute directamente en los electores, quienes dependen de que todo esté listo para ejercer su derecho a voto.

El informe concluye que los retrasos no son incidentes aislados, sino el resultado de una serie de decisiones deficientes que provocaron una cadena de problemas logísticos. Esta situación no solo pone en duda la efectividad de la ONPE, sino que también genera inquietudes sobre la transparencia y la capacidad de la institución para manejar futuros procesos electorales. En un contexto donde la confianza del electorado es fundamental, es imperativo que se tomen medidas inmediatas para corregir estas deficiencias y garantizar que no se repitan en futuras elecciones.