La Sección de Instrucción Plaza 2 del Tribunal de Instancia de Soria resolvió inadmitir la querella presentada por Vox por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con el registro realizado en el Ayuntamiento de Soria el 23 de junio. El tribunal consideró que no existen “indicios racionales de criminalidad”.
La resolución fue comunicada por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y todavía no es firme. La decisión puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Soria.
Vox había solicitado que se investigara la posible difusión, por parte de una autoridad o funcionario público, de información vinculada con las diligencias practicadas en el edificio municipal. La formación también pidió que se determinara qué intervención pudo haber tenido Carlos Martínez, secretario autonómico del PSOE y portavoz parlamentario.
En su presentación judicial, Vox reclamó que se identificara al funcionario o autoridad que conocía la existencia y la fecha del operativo policial, así como de las entradas y registros judiciales, y que presuntamente había comunicado esos datos a una tercera persona ajena a la causa. Además, pidió esclarecer específicamente la participación de Martínez, quien, según consta en el escrito, había manifestado públicamente que conoció con antelación la diligencia reservada de entrada y registro.
