Human Rights Watch cuestionó la decisión de Estados Unidos de sancionar a la presidenta del Tribunal Penal Internacional (TPI), Tomoko Akane, y al abogado litigante Abdoulaye Seye, por su participación en la investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza. La organización denunció que la medida refleja el “desprecio de la Administración Trump por el Derecho Internacional”.
“La decisión del Gobierno estadounidense de sancionar a dos funcionarios más del TPI es solo el ejemplo más reciente del absoluto desprecio de la Administración Trump por el Derecho Internacional”, afirmó Balkees Jarrah, directora para Oriente Próximo y el Norte de África de Human Rights Watch.
La representante de la ONG también sostuvo que las sanciones constituyen “un intento descarado de proteger de la Justicia a funcionarios estadounidenses e israelíes implicados en crímenes graves”. En ese sentido, reclamó que los países miembros del TPI condenen la medida y garanticen que el tribunal pueda continuar su trabajo en favor de las víctimas de los peores crímenes del mundo, incluidos los casos de Afganistán, Palestina, Sudán y Ucrania.
Las declaraciones de Jarrah se conocieron después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara las sanciones contra Akane y Seye. El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la decisión y acusó a ambos funcionarios de haber “participado directamente en las iniciativas del TPI para”, según el material disponible.
