El Gobierno de Honduras está implementando un ambicioso conjunto de reformas destinadas a combatir la corrupción, que incluye la creación de una Ley Antisoborno de alto estándar y la modernización del sistema de compras públicas. Esta iniciativa busca generar confianza en la ciudadanía y mitigar el impacto económico de los litigios judiciales que afectan al Estado.
El procurador general, Dagoberto Aspra, destacó que esta agenda anticorrupción contempla la digitalización de los procesos de compras estatales, con el fin de minimizar los riesgos de manipulación y arbitrariedad. Además, el Ejecutivo ha comenzado a investigar ciertos ámbitos judiciales considerados de alto riesgo, debido al número y tipo de demandas que han generado embargos y obligaciones significativas para las arcas públicas.
La creciente presión fiscal provocada por sentencias y embargos ha generado inquietud en el Gobierno, que busca optimizar el gasto y proteger los fondos destinados a programas sociales. Tras dialogar con la Corte Suprema de Justicia, Aspra mencionó que las autoridades judiciales han mostrado profesionalismo al enfrentar estos desafíos y están llevando a cabo una supervisión de la gestión de los jueces en ciudades clave del país. La combinación de la reforma al sistema de compras y la revisión judicial promete mejorar los controles y aumentar la transparencia en la administración pública.
