La polémica en torno al posible envío de un cargamento de petróleo desde Colombia a Cuba, transportado por el buque Ocean Mariner, ha generado un intenso debate sobre la política exterior y la legalidad de las transacciones con la isla. Este tema ha cobrado relevancia especialmente tras las advertencias de Estados Unidos sobre un posible cambio en la ruta del buque y el compromiso del expresidente Donald Trump de sancionar a quienes colaboren con el gobierno cubano.
En respuesta a las acusaciones de Vicky Dávila, quien tildó a su administración de "corrupta y cómplice", el presidente colombiano Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para defender la transparencia de la operación. En su extensa declaración, el mandatario cuestionó la ética del embargo estadounidense y sugirió que Dávila tenía vínculos con clanes familiares relacionados con el narcotráfico, buscando desviar la atención hacia la integridad de su gobierno.
Petro enfatizó que su gobierno no tuvo injerencia en la logística o la venta del petróleo, subrayando que la operación fue realizada por una empresa privada que, según él, presentó documentación que indicaba que el combustible tenía como destino República Dominicana. Además, el presidente destacó que no hay irregularidades en la gestión estatal, mientras que la empresa implicada en la transacción reafirmó que la venta fue legal y que su responsabilidad concluyó con la salida del buque del puerto. En medio de esta controversia, Petro también abordó el impacto humanitario del embargo sobre Cuba, resaltando la contribución de la isla en la producción de vacunas durante la pandemia de COVID-19.
