El presidente de Colombia, Gustavo Petro, salió a defender la polémica contratación de un bufete internacional por un monto de 10.000 millones de pesos, destinada a gestionar su exclusión de la Lista Clinton. En sus declaraciones, emitidas el 23 de febrero de 2026, Petro afirmó que, como mandatario, tiene "el derecho de defenderme como servidor público", en medio de un clima de críticas que han rodeado este tema en la opinión pública.
La controversia se intensificó tras la revelación de que el contrato fue adjudicado de manera directa a la firma Amadeus Consultancy Limited, liderada por el abogado estadounidense Daniel Kovalik. La justificación del presidente surge en un contexto donde se cuestiona la transparencia del uso de fondos públicos y la legitimidad del proceso que llevó a la contratación. El mandatario utilizó su cuenta en la red social X para responder a las crecientes acusaciones sobre el manejo de recursos estatales.
La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación para determinar si hubo un posible detrimento patrimonial y si se violaron normativas de contratación pública. Esta indagación se originó a raíz de la denuncia presentada por el abogado Germán Ricaurte y una queja formal de la representante Katherine Miranda, quienes han argumentado que el uso de recursos públicos para la defensa de Petro en un litigio personal podría no ser legítimo.
