La Procuraduría General de la Nación de Guatemala ha decidido impugnar la reciente decisión del juez Fredy Orellana, quien revocó la orden de captura contra Jorge Antonio Serrano Elías. Este caso, en el que el Estado guatemalteco actúa como parte agraviada, ha generado un intenso debate sobre el respeto al Estado de Derecho y la lucha contra la impunidad en el país.

En un comunicado oficial, la Procuraduría afirmó que se servirá de todas las herramientas legales a su disposición para garantizar el cumplimiento de la ley y hacer frente a los actos que atentan contra el orden constitucional. Estas acciones se enmarcan dentro de las competencias legales de la institución y buscan proteger los intereses del Estado tras la anulación de la captura de Serrano Elías.

El ex presidente, que había estado en el exilio durante 33 años, expresó su alivio tras la decisión judicial que desestimó las órdenes en su contra, relacionadas con la crisis política de 1993. Serrano Elías remarcó el impacto negativo que el exilio tuvo en su vida y en la de su familia, así como las constantes amenazas de detención que enfrentaron. La sentencia del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, que alegó fallas graves en el proceso judicial, ha reavivado la controversia sobre este caso que ha estado marcado por cambios jurisdiccionales y acusaciones de irregularidades procesales.