En Guatemala, se está considerando una reforma legal significativa destinada a robustecer el sistema financiero frente al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esta iniciativa surge en un contexto crítico, ya que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) tiene prevista una evaluación del país para 2027. Según el diputado oficialista Carlos Sanabria, la aprobación de esta reforma es esencial para mantener la estabilidad económica y facilitar el acceso a mercados internacionales.
La propuesta de ley 6593, presentada al Congreso por el ministro de Finanzas Públicas el año pasado, busca integrar en una única normativa las leyes existentes que combaten el lavado de dinero y previenen el financiamiento del terrorismo, derogando las normativas vigentes de 2001 y 2005. Este proyecto también incluye modificaciones al Código de Comercio, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Servicios de Seguridad Privada y el Código de Notariado.
Sanabria enfatizó que esta reforma es crucial para alinear la legislación nacional con los estándares internacionales y evitar sanciones que puedan afectar gravemente la economía del país, similar a lo que ocurrió en Panamá. Aseguró que la normativa está diseñada para no perjudicar a la economía informal, que representa entre el 65% y el 70% del movimiento económico en Guatemala. Además, destacó el consenso existente entre los diferentes bloques legislativos y el compromiso del presidente Bernardo Arévalo para que la ley sea aprobada con celeridad, a fin de cumplir con los requisitos internacionales establecidos por el GAFI.
