El 24 de febrero de 2026, el Gobierno argentino firmó el decreto 0173, que establece un impuesto temporal al patrimonio aplicable a las empresas durante el presente año. Esta iniciativa surge como respuesta a la emergencia nacional provocada por los recientes desastres climáticos que han impactado severamente en diferentes regiones del país. El decreto especifica tarifas diferenciadas según el sector y establece que la base gravable se calculará sobre el patrimonio líquido registrado hasta el 1 de marzo de 2026.

Ante la declaración de emergencia económica, social y ecológica, las autoridades han documentado los daños ocasionados por eventos hidrometeorológicos, que han afectado la infraestructura, vías, y servicios esenciales en departamentos como Córdoba, Antioquia y La Guajira, entre otros. La decisión de activar este impuesto se fundamenta en la insuficiencia de los mecanismos presupuestales convencionales frente a la magnitud de la crisis, donde el presupuesto destinado a contingencias de 2026 ya se encontraba comprometido.

La principal motivación detrás del decreto es la necesidad de recaudar recursos adicionales para atender la crisis humanitaria. El Gobierno ha enfatizado la importancia de que quienes poseen mayores patrimonios contribuyan de manera proporcional a su capacidad económica. Con este enfoque, se busca fortalecer la progresividad tributaria y la función redistributiva del Estado en contextos excepcionales, tomando como referencia experiencias internacionales similares que han aplicado medidas fiscales extraordinarias en situaciones de crisis.