La Procuraduría General de Colombia impuso sanciones a varios funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por exceder sus atribuciones durante una inspección realizada en marzo de 2024. Según un informe, estos funcionarios accedieron a información de equipos institucionales y dispositivos personales sin justificación adecuada, lo que ha reavivado un intenso debate sobre la ética y la legalidad de sus acciones.

Durante la visita, llevada a cabo entre el 12 y el 13 de marzo, se determinó que se realizaron procedimientos que iban más allá de lo permitido. Los funcionarios de la SIC solicitaron y extrajeron datos de computadoras y dispositivos móviles de empleados de la Registraduría, información que no estaba relacionada con el objetivo de la inspección, lo que motivó la apertura de un proceso disciplinario.

Las irregularidades incluyeron la obtención de copias forenses y respaldos de información de diversos trabajadores de la Registraduría, lo que fue considerado una falta grave. Como resultado, Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la Protección de la Competencia, recibió una suspensión de 12 meses y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos. Otras sanciones fueron impuestas a Mario Alejandro Franco Vanegas, Martha Liliana Fandiño Vergara y Yolanda Hernández Alonso, quienes también fueron inhabilitados por períodos similares, además de enfrentar restricciones para contratar con el Estado por cinco años.