La reciente muerte de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, ha encendido un debate sobre la grave crisis en el acceso a tratamientos médicos en Colombia. Este trágico suceso ha puesto de relieve los serios obstáculos y demoras que enfrentan los pacientes oncológicos en el país, especialmente en el caso de aquellos que dependen de la Entidad Promotora de Salud Nueva EPS, actualmente bajo intervención estatal.

La Defensoría del Pueblo se pronunció con firmeza sobre el caso, afirmando que una respuesta rápida podría haber cambiado el destino del joven. En un comunicado publicado en X, señalaron que el medicamento blinatumumab, esencial para su tratamiento, nunca fue entregado, a pesar de que existía un fallo judicial que ordenaba su suministro. La situación de Pinzón Sandoval pone de manifiesto la vulneración del derecho a la salud y la necesidad de una respuesta eficaz por parte de las instituciones de salud.

Desde que le fue diagnosticada la enfermedad en febrero de 2025, Jeisson enfrentó una serie de complicaciones para acceder a su tratamiento. A pesar de múltiples reclamaciones a Nueva EPS, el medicamento que necesitaba no llegó, lo que llevó a la Superintendencia Nacional de Salud a abrir una investigación. La Defensoría enfatiza que las interrupciones en los tratamientos no solo ponen en riesgo la salud de los pacientes, sino que pueden tener consecuencias fatales, como se evidenció en este caso trágico.