España concluyó esta semana otra legislatura sin cumplir las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para regular las relaciones entre los políticos —en particular, los parlamentarios— y los grupos de interés. El organismo del Consejo de Europa reclama esta normativa desde 2014, una demanda que también fue planteada por la Comisión Europea.
El GRECO, al que España se adhirió en 1999, sostiene desde hace doce años que el país debe establecer controles y mecanismos de transparencia sobre la actividad de quienes buscan influir en la elaboración de las leyes. Sus observaciones apuntan tanto a las acciones de los grupos de interés como a los funcionarios y legisladores que reciben esas gestiones.
En su último informe, publicado en 2024, la Comisión Europea señaló que España no había logrado nuevos avances en esta materia y recomendó aprobar una ley que incluyera un registro público obligatorio de lobbies. El GRECO, por su parte, advirtió que no alcanza con crear un registro: también considera necesario publicar las agendas de los parlamentarios, para identificar con quiénes se reúnen, con qué objetivo y qué temas abordan. Aunque en el ámbito parlamentario se produjeron avances formales, el organismo los juzga insuficientes.
