El clima de tensión en Chocó se intensifica tras la denuncia de la gobernadora Nubia Córdoba, quien alertó sobre la creación de un consejo de seguridad con la participación de las fuerzas de seguridad y el ministerio público. Esta medida busca hacer frente a los recientes ataques en localidades como Santa Rita y San José de Palmar. En este contexto, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha decidido implementar un paro armado indefinido que afecta principalmente al Bajo Baudó y sus ríos Ocampadó, Ijuá y Orpúa.

El ELN, a través de su Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, fundamenta esta decisión en lo que considera una “complicidad” entre el Clan del Golfo, un grupo paramilitar liderado por Pablo Antonio Borja, conocido como ‘Piernas Limpias’, y las fuerzas armadas colombianas. Según la guerrilla, esta alianza representa una grave amenaza para las comunidades locales, que se ven atrapadas en el fuego cruzado entre estos actores armados.

La declaración de paro armado busca prevenir incidentes violentos, ya que el ELN sostiene que es complicado distinguir entre embarcaciones civiles y las utilizadas por paramilitares en los ríos afectados. En los últimos días, se ha reportado la presencia del Clan del Golfo en las aguas de Ocampadó e Ijuá, lo que ha llevado a la paralización de actividades fluviales y a mayores restricciones en la movilidad de los habitantes de la zona. Este conflicto, además, ha generado un aumento en el desplazamiento forzado, afectando a miles de personas que han tenido que abandonar sus hogares, especialmente en Bajo Baudó, una de las áreas más golpeadas por la violencia.

En un contexto de creciente violencia, el municipio de Santa Rita fue escenario de un ataque a una comisaría, el tercero en pocos días, lo que ha despertado la preocupación de las autoridades locales. Ante esta situación, la gobernadora Córdoba ha hecho un llamado urgente a la colaboración entre las autoridades departamentales y nacionales para abordar esta crisis de seguridad que afecta a la región.