El Tribunal Supremo de España ha decidido permitir que las empresas públicas Ineco y Tragsatec se sumen al juicio que se lleva a cabo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Esta decisión responde a la solicitud realizada por la Fiscalía Anticorrupción, que considera que estas entidades podrían ser afectadas por las irregularidades denunciadas en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Según una providencia emitida por el Tribunal, dicha propuesta fue aprobada en una audiencia preliminar celebrada el 12 de febrero, donde el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, argumentó que las empresas deberían poder actuar en defensa de sus intereses ante las posibles irregularidades relacionadas con la contratación de personal vinculado a Ábalos.
La Fiscalía ha solicitado que se condene a Ábalos y Koldo a indemnizar a Ineco por 34.477,86 euros y a Tragsatec por 9.500,54 euros. El juicio, que comenzará el 7 de abril y se extenderá hasta el 30 de abril, incluirá la declaración de más de 75 testigos, y se espera que se aborden graves acusaciones como pertenencia a organización criminal y cohecho, con penas que podrían llegar hasta 30 años de prisión para los principales involucrados.
