El Tribunal de Ética Gubernamental de El Salvador, organismo encargado de supervisar la ética en el servicio público, reportó en su informe anual de 2025 la imposición de 25 sanciones, así como la gestión de multas que superan los USD 20,000. Este procedimiento se llevó a cabo contra funcionarios y exfuncionarios que violaron las normativas establecidas en la Ley de Ética Gubernamental. La rendición de cuentas destaca el uso de tecnologías para mejorar su servicio y garantizar la transparencia en sus acciones.

Según las regulaciones de la legislación salvadoreña, el Tribunal inicia procedimientos administrativos a partir de denuncias, tanto formales como anónimas. Tras un análisis inicial, se procede a una investigación que permite al investigado defenderse en un plazo de cinco días. Posteriormente, se establece un periodo de prueba que puede variar entre ocho y veinte días, seguido de un tiempo adicional para que la persona se exprese sobre la evidencia recogida. La resolución final debe emitirse en un plazo máximo de nueve meses, de acuerdo con el artículo 89 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Durante 2025, el Tribunal emitió un total de 527 resoluciones, dividiéndose en 335 trámites y 192 finales. De las resoluciones definitivas, 20 fueron sancionatorias y 2 absolutorias. El área de Registro de Sanciones del Tribunal es responsable de la contabilización y el seguimiento del cobro de las multas, siendo que hasta la fecha se han recaudado USD 17,332.87 de los sancionados, mientras que los casos de impago fueron enviados a la Fiscalía General de la República para su respectivo cobro. Las investigaciones se centraron principalmente en el Ministerio de Educación, la Corte Suprema de Justicia y otras entidades públicas, con un total de 211 procedimientos administrativos iniciados a lo largo del año.