El Tribunal Supremo de España aplicó la Ley de Amnistía a Lluis María Corominas, Anna Simó, Ramona María Barufet y Lluís Guinó, cuatro integrantes de la Mesa del Parlament de 2017 que habían sido condenados por un delito de desobediencia. La resolución también deja sin efecto las inhabilitaciones que les impedían ejercer cargos públicos electivos.

Los cuatro dirigentes fueron condenados en 2023. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que había suspendido la tramitación del caso mientras aguardaba definiciones sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Tras el aval del Tribunal Constitucional, emitido en octubre, y el pronunciamiento favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) registrado semanas atrás, la Sala resolvió aplicar la norma.

Según el auto, el tribunal declaró amnistiados los actos por los que los cuatro fueron juzgados. Como consecuencia de esa decisión, estableció que “se declara extinguida su responsabilidad penal por ellos”. La resolución alcanza a las condenas por desobediencia dictadas contra los exmiembros de la Mesa y formaliza el cierre de las consecuencias penales derivadas de esos hechos.