La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno de la Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una reforma significativa a la Ley de Procedimientos Administrativos. Esta iniciativa elimina la necesidad de legalización o apostilla en documentos públicos extranjeros que estén directamente relacionados con actividades comerciales o aduaneras. La medida tiene como objetivo principal facilitar los trámites administrativos y reducir las formalidades que pueden entorpecer la actividad económica del país.

Presentado el 23 de febrero de 2026 en el Palacio Legislativo, este dictamen responde a una propuesta del gobierno, a través del Ministerio de Economía. La reforma introduce el artículo 4-A en la ley mencionada, estableciendo que la administración pública no requerirá la legalización o apostilla de documentos extranjeros, siempre que existan mecanismos de verificación electrónica o validación institucional que aseguren su autenticidad.

Martha Solís, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, destacó que esta reforma es parte de un proyecto más amplio de simplificación y digitalización que ya ha reducido más de 2,500 trámites. Solís enfatizó la importancia de crear un entorno favorabe para los inversores tanto nacionales como internacionales, y subrayó que, aunque se eliminan formalidades, se mantienen los mecanismos de control necesarios para garantizar la validez de los documentos en el proceso administrativo.