A pocos días del acto por el 32° aniversario del atentado contra la sede de la AMIA, las querellas de AMIA-DAIA y un grupo de víctimas solicitaron que se aplique el régimen de juicio en ausencia para los acusados identificados en la causa. El ataque es considerado la mayor tragedia terrorista de la historia latinoamericana y, de acuerdo con los elementos probatorios incorporados al expediente, tuvo como brazo ejecutor a integrantes de Hezbollah por orden de autoridades de Irán.
La investigación siguió la línea trazada oportunamente por el fiscal Alberto Nisman. En ese marco, y a partir de resoluciones del juez de instrucción subrogante Daniel Rafecas, el titular de la Unidad Fiscal, Sebastián Basso, impulsó el pedido para aplicar la ley que modificó los códigos procesales nacional y federal e incorporó la posibilidad de realizar juicios en ausencia.
Varias semanas después, el defensor oficial técnico de los acusados se opuso al uso de este mecanismo y planteó su inconstitucionalidad. Los imputados permanecen en rebeldía desde hace años y, según se indicó en la causa, han rechazado la jurisdicción argentina y manifestaron que no se presentarán ante la Justicia del país. También se señaló que viajaron por Venezuela, Nicaragua y Rusia pese a las notificaciones rojas de Interpol, con respaldo político de los gobiernos de esos Estados y mediante el uso de pasaportes diplomáticos.
