El arranque del ciclo escolar 2026 en Panamá se presenta como una ocasión clave para fortalecer entornos educativos que sean libres de discriminación y violencia. Autoridades y líderes comunitarios han hecho un llamado a priorizar la dignidad, la igualdad y el respeto entre todos los estudiantes, aspectos esenciales en la formación de ciudadanos responsables.

El 1 de marzo, la Defensoría del Pueblo de Panamá instó a implementar estrategias efectivas en todas las regiones educativas del país, abarcando tanto escuelas públicas como privadas. Este organismo recordó que la Constitución Política y diversas normativas internacionales establecen la obligación del Estado de proteger a niños y adolescentes de cualquier tipo de discriminación, ya sea por su origen étnico, condición social o género, entre otros factores.

La Defensoría subrayó que la Ley 285 de 2022 y el Resuelto N.° 887-2023 del Ministerio de Educación son herramientas esenciales para promover la convivencia escolar. Estas regulaciones ajustan las medidas disciplinarias a principios de proporcionalidad y debido proceso, al tiempo que fomentan acciones preventivas contra la discriminación y facilitan mecanismos de denuncia y protección. Asimismo, el presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, monseñor José Domingo Ulloa, destacó la importancia de la educación como una inversión moral en el futuro del país, enfatizando que cada estudiante debe tener acceso a oportunidades de desarrollo sin distinción de su origen.

En su mensaje, Ulloa agradeció al personal docente por su labor educativa, recordando que su misión va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Instó a educar con un enfoque en la fraternidad, el diálogo y el respeto, y resaltó la trascendencia del rol de las familias como las primeras educadoras, promoviendo una alianza sólida entre el hogar y la escuela para garantizar el bienestar y el crecimiento de los estudiantes.