El Gobierno español ha decidido desclasificar documentos relacionados con el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, en el que el teniente coronel Antonio Tejero intentó tomar el control del país. Este anuncio coincide con el 45 aniversario de este histórico acontecimiento y permitirá acceder a una variedad de materiales sensibles, incluyendo grabaciones originales, testimonios de testigos, documentos internos y transcripciones de escuchas realizadas por los servicios de inteligencia durante aquella noche crucial.
El presidente Pedro Sánchez, a través de un mensaje en la red social X, afirmó que esta desclasificación representa una "deuda histórica" con la ciudadanía, enfatizando que "la memoria no puede estar bajo llave". En sus declaraciones, subrayó la importancia de que las democracias conozcan su pasado para construir un futuro más libre, agradeciendo a quienes han trabajado para hacer posible este proceso.
Sin embargo, a pesar de este avance, persiste una ley franquista de 1968 que permite mantener en secreto ciertos documentos indefinidamente. Esta normativa no establece plazos claros para la desclasificación de información que un gobierno puede considerar sensible, lo que ha generado críticas entre los aliados del Gobierno. Desde el Partido Nacionalista Vasco (PNV) se ha insistido en la necesidad de regular este asunto, señalando que existen temas relevantes que trascienden el 23F, como el caso de Aitor Estaban, fallecido bajo tortura en 1985, y los incidentes del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz, que dejaron cinco obreros muertos.
La exigencia de mayor transparencia se presenta como un desafío para el Gobierno, que deberá equilibrar la necesidad de desclasificar información con la protección de la seguridad nacional. La legislación vigente sobre secretos oficiales sigue siendo un obstáculo en el camino hacia una mayor claridad sobre eventos significativos de la historia reciente del país.
