Desde el año 2012, el Gobierno de España ha estado subvencionando la ruta aérea que conecta Madrid con Menorca debido a su falta de rentabilidad. En junio de ese año, el Ministerio de Transportes clasificó esta conexión como Obligación de Servicio Público (OSP), con el objetivo de asegurar una adecuada cohesión territorial. Esta categorización permite al Estado establecer regulaciones sobre precios, cantidad de vuelos, horarios y tipos de aeronaves que las compañías deben cumplir para ofrecer el servicio.
Recientemente, el 19 de febrero, el Ministerio volvió a licitar esta OSP para el periodo que abarca desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027. Esta medida busca mantener el nivel de conectividad y establecer una compensación económica para la aerolínea que resulte adjudicataria, con un máximo de 110 euros por trayecto y pasajero. Desde su implementación en 2012, la ruta no ha despertado interés entre las aerolíneas en condiciones de libre mercado, lo que ha llevado al Gobierno a realizar varias licitaciones con apoyo financiero del Estado.
En la actualidad, el Gobierno ofrece un total de 2,1 millones de euros para financiar el servicio, distribuidos en dos tramos: 667.000 euros para el periodo de noviembre a diciembre de 2026 y 1.433.000 euros para el periodo de enero a marzo de 2027. Esta ruta ha mostrado un tráfico muy estacional, concentrando entre el 70% y el 75% de su demanda anual entre junio y septiembre. A raíz de la crisis financiera de 2008, las aerolíneas comenzaron a abandonar la ruta durante los meses de baja demanda, lo que llevó a la declaración de OSP en 2012 tras el cese de operaciones de Spanair. A lo largo de los años, la OSP ha experimentado diversas modificaciones, con ajustes en horarios y frecuencias, siendo los más recientes aprobados en enero de este año, donde se incrementaron a un mínimo de tres vuelos diarios.
