Un nuevo debate ha surgido entre el ámbito financiero y el Gobierno colombiano tras la propuesta del presidente Gustavo Petro de implementar inversiones obligatorias para destinar más recursos a la emergencia climática que afecta a diversas regiones del país.
La intención ha suscitado reacciones por parte del sector bancario y exministros de Hacienda, quienes han expresado preocupación por las posibles repercusiones económicas de esta medida. Según estos exfuncionarios, la política impactaría a 38 millones de ciudadanos que tienen sus ahorros en entidades financieras, lo que podría resultar en una menor rentabilidad de los depósitos y un aumento en las tasas de interés, además de una reducción de 0,3 puntos porcentuales en el crecimiento económico del país. Por ello, han solicitado que el tema sea debatido de forma técnica y rigurosa.
En respuesta, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado donde defiende la iniciativa de las inversiones forzosas, aclarando su naturaleza y justificación. El ministerio destacó que estas inversiones no constituyen una expropiación de los ahorros de los ciudadanos, sino que son una obligación para las entidades de crédito de invertir un porcentaje de sus pasivos en Títulos de Desarrollo Agropecuario, creados por la Ley 16 de 1990. Además, aseguraron que los recursos no se extraen de las cuentas de ahorro de los ciudadanos, sino que se manejan a nivel del balance de las entidades financieras, para corregir fallas de mercado en un sector que enfrenta múltiples riesgos.
