El Gobierno colombiano ha implementado un conjunto de facultades excepcionales que le permitirán intervenir en tierras rurales a lo largo del país, en respuesta a la crisis socioambiental que afecta a diversas regiones. Esta decisión se formaliza a través del Decreto 0174 de 2026, el cual otorga a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) nuevas atribuciones para manejar predios con el objetivo de reubicar comunidades y proteger unidades productivas en áreas afectadas.

El decreto habilita a la ANT a tomar posesión temporal de terrenos, adquirirlos mediante negociaciones o ejercer la expropiación cuando se justifique el interés público. La finalidad es asegurar la disponibilidad de tierras en el menor tiempo posible para trasladar actividades agropecuarias y a las comunidades que han sido impactadas por la emergencia.

Además, las facultades de la ANT no se limitan a terrenos privados, sino que también abarcan bienes públicos y aquellos sujetos a procesos judiciales. El decreto establece que la situación jurídica de estos inmuebles no será un impedimento para su uso por parte de las autoridades. Un aspecto clave es que las compras realizadas bajo esta normativa tendrán un efecto jurídico automático, eliminando cualquier inconveniente legal que pudiera afectar su uso posterior por el Estado. Esto busca acelerar los procesos de reubicación y evitar bloqueos legales que obstaculicen el desarrollo de proyectos rurales.