El Consejo de Ministros de España aprobará el próximo martes un Real Decreto para transponer la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La norma obligará a las empresas a incorporar en los contratos una mayor cantidad de información sobre las condiciones de trabajo de sus empleados.

Entre las nuevas exigencias, el texto establecerá que cualquier ampliación del período de prueba por encima del límite vigente de seis meses deberá estar justificada. Ese plazo, previsto en el Estatuto de los Trabajadores, solo podrá extenderse mediante un convenio colectivo y en situaciones explicadas de manera razonada.

La ampliación podrá contemplarse, por ejemplo, cuando se produzca la ausencia del trabajador por una enfermedad o un permiso, o cuando las características del puesto lo requieran, como en el caso de cargos directivos o ejecutivos. Los convenios que habiliten períodos de prueba superiores a seis meses deberán especificar en qué circunstancias podrá aplicarse esa extensión.

La norma también exigirá que los contratos indiquen la duración del período de prueba y detallen en qué consiste, incluidos los requisitos o pruebas que deberá superar el trabajador para determinar si lo aprobó. Con estas disposiciones, el Ministerio de Trabajo busca que el período de prueba quede vinculado a causas concretas y reforzar la información que reciben los empleados al iniciar una relación laboral.