Madrid, 7 de marzo (Redacción Medios Digitales) - La reciente decisión del Gobierno de enviar una fragata a aguas chipriotas, como respuesta a un ataque por parte de Irán, ha reavivado un viejo debate jurídico en España. Esta cuestión se remonta a más de dos décadas, cuando una ley estableció que el Congreso debe autorizar las misiones militares en el extranjero, aunque se exceptúan aquellas que estén directamente vinculadas al interés nacional.

La Ley Orgánica de Defensa Nacional, implementada en 2005, requirió que el Congreso diera su visto bueno para el despliegue de tropas, mientras que anteriormente solo se necesitaba una consulta en caso de declaración de guerra, tal como lo estipula la Constitución. Desde esa reforma, el Congreso ha dado luz verde a 26 solicitudes de este tipo, sin que ninguna haya sido rechazada, con el respaldo de amplias mayorías.

Entre los destinos que han recibido tropas españolas autorizadas por el Congreso se encuentran Afganistán, Líbano, Irak y Mali. Sin embargo, la falta de claridad en la normativa sobre cuándo es necesaria la autorización ha generado críticas de juristas, quienes señalan que se debería incluir al Senado en el proceso, algo que no se contempla en la Constitución en lo que respecta a la guerra. La controversia se intensificó cuando el presidente Pedro Sánchez defendió la misión como defensiva, mientras que el Partido Popular exigió que la decisión pase por el Congreso, argumentando que los soldados estarían en riesgo.