Ricardo Alonso, propietario de Urbagestión, el fondo dueño del departamento de Maricarmen, admitió que la mujer probablemente habría podido permanecer en su vivienda si no hubiera intervenido el sindicato de inquilinas. Según sostuvo, sin esa participación “seguramente” habrían alcanzado un acuerdo para evitar el desahucio.
Alonso afirmó que, hace seis meses, llevó a Maricarmen, acompañada por representantes del sindicato, a un acto de conciliación. Sin embargo, aseguró que la organización “renunció” a continuar con esa instancia. También indicó que, después de ese encuentro, el fondo presentó una querella contra el sindicato y sus representantes por supuestas “actuaciones claramente incriminatorias y delictivas”.
El propietario señaló que hubo “un par de actuaciones” de negociación con la organización, pero que la relación se deterioró rápidamente por la desconfianza. En ese sentido, sostuvo que era “evidente que perseguían otro tipo de intereses” y dijo que no esperaba encontrarse con un interlocutor de esas características, ya que hasta entonces su contacto con el sindicato se había limitado a la abogada de la entidad.
Además, Alonso denunció que durante los últimos siete meses se produjeron “ataques mucho más graves de carácter personal”. Desde su perspectiva, el sindicato utilizó el caso de Maricarmen para intensificar el conflicto porque la mujer representaba “un perfil perfecto”. También afirmó que, el día del desahucio, la organización buscó “crear una imagen que ayudase a respaldar la situación”.
