Perú enfrenta un notable déficit en infraestructura que supera los 110.000 millones de dólares, según el Barómetro de la Infraestructura del Perú, elaborado por EY Consultores y el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico.
Este contexto se agrava por la percepción de inseguridad jurídica: un 75% de los actores del sector privado manifiesta que las Asociaciones Público-Privadas (APP) están expuestas a riesgos legales significativos. La inversión en infraestructura es considerada esencial para estimular el crecimiento económico y reducir la desigualdad. Según el estudio, el 43% de los encuestados sostiene que este sector tiene el mayor impacto en la economía nacional.
Entre 2002 y junio de 2025, las APP han movilizado aproximadamente 35.700 millones de dólares, destacándose los sectores de transporte y electricidad como los principales receptores de inversión. A pesar de que el 83% de los encuestados considera viable la ejecución de proyectos mediante APP o el mecanismo Gobierno a Gobierno (G2G), más del 85% califica la capacidad del Estado para gestionar riesgos en estos contratos como regular o deficiente. Asimismo, el 94% de los encuestados opina que la promoción de estos mecanismos en gobiernos regionales y municipales es insuficiente.
