La cercanía de las elecciones del 8 de marzo, que determinarán los 286 escaños del Congreso y las consultas presidenciales, ha generado un clima de incertidumbre respecto a la transparencia del proceso electoral en Colombia. Este tema ha cobrado mayor relevancia no solo entre los partidos tradicionales, sino también por las inquietudes expresadas por el presidente Gustavo Petro y su partido, el Pacto Histórico, que han puesto en tela de juicio la legitimidad de la logística electoral.
A pesar de estas preocupaciones, el sistema electoral colombiano, establecido tras la promulgación de la Constitución de 1991, cuenta con una robusta infraestructura institucional que garantiza su transparencia y confiabilidad. Diversas entidades, como la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía General, trabajan de manera coordinada para asegurar que las elecciones se realicen dentro del marco legal y sean verificables en todos sus aspectos. Esta sólida red de control ha respaldado elecciones previas, en las que distintos sectores políticos, incluido el actual Gobierno, accedieron a cargos públicos, lo que ratifica su efectividad.
El presidente Petro ha manifestado su preocupación por la participación de la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de la impresión de material electoral y la gestión biométrica. Según el mandatario, esto podría comprometer la seguridad de los registros ciudadanos. Sin embargo, las autoridades electorales aclaran que la empresa solo se ocupa de un software que permite la divulgación preliminar de resultados, el cual es auditado por el Consejo Nacional Electoral y organismos internacionales. Además, el sistema de escrutinio final, que ahora es gestionado por el Estado tras una orden judicial en 2021, se utilizó en las elecciones de 2022, donde Petro fue elegido presidente, y se implementa con total transparencia, permitiendo a los partidos políticos acceder a los resultados en tiempo real y monitorear el proceso electoral según las normativas establecidas.
