En la madrugada del 4 de abril de 1999, El Salvador se estremeció con la trágica noticia del asesinato y violación de Katya Miranda, una niña de apenas nueve años, en una playa del litoral central. Este crimen, ocurrido durante las vacaciones de Semana Santa, sigue sin resolverse más de dos décadas después, mientras diversos sectores de la sociedad y organizaciones internacionales demandan justicia.

El hallazgo del cuerpo de Katya, cerca del rancho donde se hospedaba con su familia, dio inicio a un proceso judicial lleno de irregularidades. Según informes y datos policiales, la niña pasó la noche en compañía de su padre, Edwin Miranda, un capitán del ejército que en ese momento tenía a su cargo la seguridad presidencial. La cercanía de figuras militares y policiales al entorno familiar generó dudas y controversias desde el principio, y el caso fue inicialmente considerado un accidente, lo que llevó a su madre, Hilda Jiménez, a sepultar a su hija bajo la creencia de que había muerto ahogada.

Con el tiempo, la verdad salió a la luz: Katya había sido víctima de violación y asfixia antes de que su cuerpo fuera arrojado al mar. El proceso judicial resultó en la absolución del padre y del abuelo de Katya, Carlos Miranda, debido a la falta de pruebas. Godofredo Miranda, tío de la niña y entonces subcomisionado de la Policía Nacional Civil, fue señalado por ocultar evidencias y manipular la escena del crimen, lo que entorpeció significativamente la investigación. A pesar de los intentos por reabrir el caso, el mismo sigue sin resolverse, dejando a la familia de Katya y a la sociedad salvadoreña en un estado de indignación y dolor constante.