El 26 de junio de 2020, la violencia asociada al crimen organizado se hizo sentir en una de las áreas más exclusivas de la Ciudad de México. A las 6:38 de la mañana, un grupo armado emboscó el vehículo en el que se trasladaba Omar García Harfuch, quien en ese momento ocupaba el cargo de secretario de Seguridad Ciudadana de la capital.
El ataque tuvo lugar en Lomas de Chapultepec, en el cruce de Paseo de la Reforma y Monte Blanco. Según reportes oficiales, entre 25 y 28 sicarios, presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), participaron en la emboscada. Este cártel, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, mostró su capacidad de acción con el uso de rifles Barret calibre .50, armas de alto calibre y granadas de fragmentación. Para llevar a cabo el ataque, los agresores utilizaron al menos dos camionetas, una de las cuales llevaba logotipos de una empresa privada, tal como se evidenció en las grabaciones de las cámaras de seguridad.
La balacera duró más de 20 minutos y dejó el vehículo blindado de García Harfuch con múltiples impactos de bala. El funcionario sufrió tres disparos, pero gracias al blindaje, logró sobrevivir. Lamentablemente, el ataque resultó en la muerte de tres personas: dos de sus escoltas y una mujer civil que se encontraba en el lugar. En las horas siguientes, se detuvieron a 12 individuos vinculados con el ataque, cifra que ascendió a 19 en los días posteriores, incluyendo a José Armando “El Vaca”, señalado como el líder de sicarios del CJNG en Jalisco y presunto autor intelectual del atentado.
Las investigaciones revelaron que los atacantes fueron reclutados de diversas partes del país, incluyendo la participación de un ciudadano colombiano, quienes habrían recibido pagos por su participación en la operación. Desde el hospital, García Harfuch responsabilizó directamente al CJNG, afirmando que el atentado era una represalia por las acciones contra el crimen organizado en la Ciudad de México. Tras el suceso, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador como la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, condenaron el ataque y reafirmaron que no habría negociación con grupos criminales. Las autoridades también revelaron que existían alertas previas sobre un posible ataque y se implementaron medidas de seguridad más estrictas para funcionarios de alto rango, evidenciando así el nivel de amenaza que representa el CJNG para el Estado mexicano en plena capital.
