El 23 de febrero de 1981 marcó un hito en la historia de España, cuando el teniente coronel Antonio Tejero lideró un asalto armado al Congreso de los Diputados. En ese momento, se encontraba en curso la segunda votación para la elección del nuevo presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Este hecho se produjo tras la dimisión de Adolfo Suárez, quien había enfrentado una creciente presión de la oposición y decidió ceder el liderazgo a su compañero de partido. Las imágenes de ese día, donde Suárez y otros líderes políticos se mantuvieron firmes frente a la amenaza, se han convertido en un símbolo de resistencia democrática.

La versión oficial sobre el golpe, que ha sido la base de la educación histórica en España, presenta a Alfonso Armada como el principal instigador de la intentona golpista. Sin embargo, esta narrativa ha sido objeto de debate entre historiadores, quienes sugieren que el rey Juan Carlos I podría haber estado al tanto de un plan que involucraba a Armada. Esta hipótesis generará aún más interrogantes, especialmente con la inminente desclasificación de documentos anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que promete arrojar nueva luz sobre el suceso a 45 años de su ocurrencia.

Roberto Muñoz Bolaños, especialista en Historia Militar y autor de un libro sobre el 23-F, ha identificado cuatro bloques de documentos que podrían ser desclasificados. El primero incluye el sumario judicial y las sentencias del caso, lo cual podría modificar significativamente la comprensión actual del golpe. Otro conjunto de documentos incluye grabaciones de conversaciones clave, entre ellas las de Tejero con los mandos en Valencia, lo que podría añadir matices a la historia que se ha contado hasta ahora. Esta nueva información podría cambiar la percepción del 23-F, uno de los episodios más controversiales del pasado reciente español.