En Ginebra, Irán y Estados Unidos comenzarán este jueves su tercera ronda de negociaciones sobre el programa nuclear del régimen iraní. Este encuentro se da en un clima de tensiones crecientes, marcado por las advertencias de una posible acción militar por parte de Washington y las amenazas del régimen de los ayatollahs hacia el presidente Donald Trump.

Las conversaciones, que se llevarán a cabo de manera indirecta, contarán con la participación del ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, y el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, junto a Jared Kushner, yerno de Trump. Estas negociaciones siguen a dos encuentros anteriores en Omán y Ginebra, facilitados por el canciller omaní, Badr bin Hamad al Busaidi. A pesar de que ambos lados mencionaron ciertos "avances", las discrepancias en sus posiciones se mantienen firmes.

Estados Unidos exige una paralización total del enriquecimiento de uranio por parte de Irán y la limitación del alcance de sus misiles, mientras que Teherán solo está dispuesto a aceptar restricciones si se levantan las sanciones impuestas. Según medios de comunicación estadounidenses, esta ronda de diálogo se interpreta como una "última oportunidad" para llegar a un acuerdo antes de que Trump decida llevar a cabo su amenaza de acción militar. Además, Irán ha advertido que considerará todas las bases militares de EE.UU. en Medio Oriente como objetivos legítimos en caso de un ataque, lo que podría poner en riesgo a miles de soldados estadounidenses en la región.

El contexto se complica aún más por las recientes declaraciones de Trump, quien acusó a Irán de desarrollar misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense y de haber reiniciado su programa nuclear. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, afirmó que Irán ya ha desarrollado misiles que amenazan a Europa y a las bases estadounidenses en el extranjero. Teherán, por su parte, desmintió estas afirmaciones, calificándolas de "grandes mentiras". Además, Trump también se refirió a la represión de las protestas en Irán, elevando el número de víctimas a 32.000, una cifra que contrasta con las estimaciones oficiales del régimen y de organizaciones de derechos humanos.