El 12 de febrero de 2026, en el ejido Jotolá, ubicado en el municipio de Chilón, Chiapas, se produjo un grave incidente de desplazamiento forzado de comunidades indígenas tseltales. Alrededor de 30 personas de ocho familias campesinas se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a actos de violencia desmedida. Organizaciones defensoras de derechos humanos han documentado que, además de ser expulsados, varios individuos denunciaron haber sufrido torturas durante estos acontecimientos, lo que ha encendido la alarma entre activistas y defensores de los derechos de los pueblos indígenas.
De acuerdo con informes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), el desalojo no se trató de un simple conflicto agrario, sino que involucró la participación de miembros de cuerpos de seguridad tanto locales como estatales, así como de funcionarios de instituciones federales. Estos grupos irrumpieron en tierras comunitarias con un contingente considerable, intensificando la situación de violencia.
La brutalidad de los hechos se evidenció en la destrucción de viviendas, el saqueo y la quema de pertenencias, e incluso en el asesinato de animales domésticos. Tres de los desplazados relataron haber sido sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluyendo torturas, lo que ha sido formalmente denunciado ante organismos internacionales de derechos humanos. Entre los afectados se encontraban niños, una mujer embarazada y personas mayores, lo que agrava la situación de vulnerabilidad de estas familias. Ante este panorama, las organizaciones civiles han exigido al Estado mexicano que implemente medidas urgentes para asegurar la protección de estas comunidades y que se investiguen los hechos con el fin de salvaguardar sus derechos fundamentales.
