Más de tres meses después de que se ordenara el desalojo de los ocho agentes de la Guardia Civil que residen en el cuartel de Torrelaguna, Madrid, la situación sigue sin resolverse. El 19 de noviembre de 2025, se les notificó que debían abandonar sus viviendas de manera inmediata debido a la aparición de grietas en el edificio, construido sobre cuevas en el subsuelo, lo que ponía en riesgo su seguridad. Sin embargo, los agentes continúan en el lugar, ya que no se les ha proporcionado una solución habitacional alternativa, y el informe que justifica la decisión de desalojo aún no ha sido entregado.
Diego Madrazo Sánchez, representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), expresó su preocupación por la falta de claridad en el proceso. "Es contradictorio que se les pida desalojo inmediato y luego se les indique que pueden permanecer un mes. Si hay un riesgo, ¿por qué se les da más tiempo?", cuestionó. Además, la AUGC ha solicitado en repetidas ocasiones el informe que respalda la medida, pero la respuesta ha sido negativa. Madrazo también criticó la opacidad del procedimiento, señalando que el Ayuntamiento es la única entidad con la autoridad para ordenar el desalojo y que no se les permitió acceder al edificio hasta hace poco.
El alcalde de Torrelaguna, Víctor Gutiérrez, corroboró que el acceso al cuartel fue complicado y que la situación se ha visto agravada por la falta de un arquitecto tras la renuncia del profesional que estaba a cargo. "Es indignante que se haya ordenado el desalojo sin ofrecer una alternativa, y además no hay un riesgo inmediato", afirmó. La AUGC está llevando a cabo acciones para exigir que se discuta la situación del acuartelamiento en la próxima reunión de la Junta de la Guardia Civil, y han impugnado la declaración de ruina del edificio, argumentando que esta solo puede ser emitida por el Ayuntamiento.
